Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia

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Constitución y leyes

La probidad y la transparencia son principios que han estado presentes en la legislación chilena desde mucho antes de la actual Ley sobre Acceso a la Información Pública. Desde los tiempos de la formación del Estado de Chile se reconoció la necesidad de velar por el cumplimiento del principio de probidad administrativa y asegurar la transparencia de la información que generan los órganos públicos, función que cumple desde 1927 la Contraloría General de la República, órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos.

Asimismo, el Estatuto Administrativo y sus modificaciones, que contienen la legislación que regula las relaciones laborales de los trabajadores del Sector Público, también abarcan temas referidos a la probidad y la transparencia.

La principal norma que rige a la generalidad de los funcionarios y a la Administración del Estado en los ámbitos de la probidad y la transparencia descansa en la Constitución de la República, específicamente en su artículo 8°, que define con claridad las ideas matrices que rigen al Estado de Chile en estos temas.

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 Ley Nº10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, cuyo texto refundido fue fijado por el Decreto Supremo Nº2.421/1964, del Ministerio de Hacienda (D.O. 10 de julio de 1964).

Ley N°18.995, 10 de julio de 1964, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República.

Ley N°19.553, que concede asignaciones de modernización y otros beneficios que indica a los funcionarios públicos (D.O. 4 de febrero de 1998).

Ley Nº19.628, sobre protección de la vida privada o de la información de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares (D.O., 28 de agosto de 1999).

D.F.L N°1/19.653, que fija el texto refundido, corordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (D.O. 17 de noviembre de 2001).

Ley N°19.863, 6 de febrero de 2003, sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la Administración Pública y normas sobre gastos reservados.

Ley N°19.862, que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos (D.O. 8 de febrero de 2003).

Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado (D.O. 29 de mayo de 2003).

Ley N°19.882, regula nueva política de personal a los funcionarios publicos que indica (D.O., 23 de junio de 2003).

Ley Nº19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (D.O. 30 de julio de 2003).

Ley N°19.884, sobre Transparencia, control y límite del gasto electoral (D.O., 5 de agosto de 2003).

Ley N°19.885, 6 de agosto de 2003, norma el buen uso de donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos.

D.F.L. N°29/2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo (D.O. 16 de marzo de 2005).

Constitución Política de la República, (particularmente su artículo 8º), cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo Nº 100/2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (D.O. 22 de septiembre de 2005).

Control constitucional del proyecto de Ley sobre Acceso a la Información Pública, del Tribunal Constitucional, 10 de julio, 2008 (ROL 1051-2008).

Ley de Transparencia, (D.O. 20 de agosto de 2008).

Historia de la Ley de Transparencia.