Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia

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Historia del proyecto de Defensor u Ombudsman

La tarea de los gobiernos democráticos por contar con un órgano especializado y autónomo para la protección de los derechos de las personas, se inició inmediatamente tras el retorno democrático. En 1991, bajo el gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin Azócar, se envió el primer proyecto que buscaba la creación de un defensor de las personas o ciudadanos. Se trataba de un proyecto de ley orgánica constitucional, para la creación de un Defensor del Pueblo, proyecto que no vio la luz y fue archivado en diciembre de 1994.

En el gobierno del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, a fines de 1997, se redefinió el objetivo como una Defensoría Nacional del Usuario, destinada a controlar la actividad prestacional de la administración y velar por los derechos de los usuarios de los servicios públicos, proyecto que fue ampliamente debatido pero no contó con el apoyo necesario para avanzar en su tramitación.

La idea debió ser reformulada el año 2000 por el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, ahora bajo un estatus de reforma constitucional, configurándose un órgano autónomo, el  “Defensor Ciudadano”.

En tanto, para hacer un seguimiento más exhaustivo de este esfuerzo por crear el Defensor Ciudadano, el Ejecutivo de la época creó la Comisión Defensora Ciudadana, organismo que, al mismo tiempo de asesorar al Presidente en este ámbito, comenzó a recibir reclamos de los ciudadanos y a intermediar entre éstos y los servicios y organismos de la Administración Central del Estado. (Ver Historia de la Comisión Defensora Ciudadana)

Este proyecto de Reforma Constitucional fue retirado del Senado, ya que la recargada agenda de éste, el proyecto no logró el avance esperado. Por ello, fue reingresado en 2003 por la Cámara de Diputados.

Ya durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, el texto fue reformulado en 2007 con una serie de indicaciones, bajo la configuración de “Defensor de las Personas”, recogiendo con ello importantes observaciones recibidas en las tramitaciones anteriores.

Así, el proyecto de 2007 fue aprobado en general por la Cámara de Diputados, prueba del consenso sobre la necesidad de contar con un órgano autónomo y especializado que vele por el respeto de los derechos de las personas.

Dicho proyecto fue analizado en profundidad por las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara. Fruto de esta discusión y la constante preocupación del Ejecutivo por atender a las observaciones formuladas por los parlamentarios y los expertos invitados a la Comisiones, se produjeron importantes cambios en el proyecto.

Sin embargo, pese a haberse logrado significativos consensos sobre el contenido de la reforma, por un escaso margen de votos, en noviembre de 2008, la discusión en la Sala no logró pasar la valla de aprobación en particular, debido al alto quórum que requiere una reforma constitucional.

Por ello, en virtud de los consensos logrados y la certeza sobre la necesidad de contar son una Defensoría de la Personas, la Presidenta Bachelet decidió reingresar el proyecto a la Cámara en diciembre de 2008, donde tuvo una tramitación expedita y una aprobación mayoritaria en sala, el 10 de marzo de 2009.

Tras su llegada al Senado, el proyecto de Reforma Constitucional fue enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde hoy está en tramitación. (Ver Proyecto de Reforma Constitucional que crea el Defensor de las Personas)

 

Proyecto de Reforma Constitucional que crea el Defensor de las Personas

Los principales tópicos del proyecto de reforma constitucional, actualmente en trámite, son:
•        Propone la creación de un organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, con el nombre de Defensoría de las Personas.
•        Tareas de este órgano: promoción, protección y defensa de los derechos y garantías asegurados por la Constitución, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y en las leyes.
•        Atribuciones de esta Defensoría: se enmarcan en los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de personas jurídicas de derecho privado que tengan alguna concesión del Estado u operen previa licitación, que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en los términos que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.
•        Define que el Defensor de las Personas será designado por la Cámara de Diputados, previas audiencias públicas, por acuerdo de los tres quintos de sus miembros en ejercicio.
•        Como requisitos, establece que el Defensor de las Personas deberá tener a lo menos diez años de título profesional de abogado o abogada y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.
•        Señala que el Defensor de las Personas durará cinco años en su cargo, sólo podrá ser reelegido por una vez para un nuevo período, cesará en él al cumplir setenta y cinco años de edad y  no podrá optar a cargos de elección popular sino después de transcurridos dos años de concluido su cargo.
•        Además, el Defensor de las Personas gozará de inamovilidad en su cargo, será inviolable en el ejercicio de sus atribuciones.
•        El Defensor de las Personas sólo podrá ser removido tras un proceso de desafuero ante la Corte Suprema, promovido por el Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
•        El Defensor de las Personas, una vez al año, informará en cuenta pública sobre la labor realizada en dicho período, así como sobre sus resultados, a la Cámara de Diputados.